La idea que preside el estudio es muy simple. La amnistía es una institución que tiene cabida en la Constitución, pero la que actualmente se tramita en relación al procés no encaja en la horma. En opinión del autor, tanto la justificación que esgrime como la representación que se arroga son falaces. Lo es desde luego la justificación esgrimida. Ninguno de los argumentos a los que apela goza de sustento mínimamente firme. Los que tienen credibilidad fáctica -así sucede, por ejemplo, con el de la gobernación o el de la desjudicialización- no tienen fuerza normativa, y viceversa: los que tienen fuerza normativa -como ocurre señaladamente con el de la reconciliación- carecen de credibilidad empírica. Esta circunstancia condena la amnistía al fracaso en el juicio constitucional de proporcionalidad.
