La Administración Pública en el ejercicio de sus atribuciones puede incidir negativamente en los bienes y derechos de los ciudadanos, debiendo indemnizarlos por los daños sufridos. La configuración del daño y su correlativa indemnización se lleva a cabo analizando el concepto de lesión, el funcionamiento de los servicios públicos, el nexo causal, la cuantificación de la indemnización y la prescripción del derecho a reclamar, entre otras cuestiones.
La presente edición, se ha adaptado a las leyes 39/2015 y 40/2015, normas que en la actualidad regulan, la primera, el procedimiento administrativo común y, la segunda, la responsabilidad patrimonial del Sector Público. Se destaca la modificación del procedimiento administrativo en relación con la responsabilidad patrimonial; se ha derogado el Reglamento que regulaba la tramitación de este tipo de procedimientos y se ha determinado que el procedimiento es el general, con algunas particularidades, que la propia Ley 39/2015 recoge.
